Se ha publicado en el BOE la nueva ley 8/2021, de 2 de junio que reforma la legislación civil y procesal con la intención de promover el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
En el artículo 12 de la citada ley proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados Partes a adoptar medidas para proporcionar a estas personas el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Se establecen unas medidas y figuras de apoyo que se materializan en el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo tipo, el consejo, o incluso la toma de decisiones delegadas. En situaciones donde el apoyo no pueda darse de otro modo, éste podrá concretarse en la representación en la toma de decisiones.
De este tipo de medias podrá beneficiarse cualquier persona que haya obtenido algún reconocimiento administrativo dejando aparte la situación de discapacidad en la que se encuentre.
Esto no supone que se declare la incapacidad de la persona discapacitada lo que se busca con el procedimiento de medidas de apoyo es obtener una resolución judicial que determine en que aspectos la persona con discapacidad requiere apoyo, pero en ningún caso a la declaración de incapacitación ni a la privación de derechos. Sean personales, patrimoniales o políticos.
Asimismo, se suprime la prodigalidad como institución autónoma.
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